Por Francisco ACOSTA ORGE
Me parece oportuno trasladar a los lectores de Campo Abierto, algunas consideraciones sobre este importante acontecimiento social, económico y político que se va a poner en práctica en medio de la convulsión que estamos atravesando.
Mi argumentación sobre ella va a ser escasa, ya que lo que pretendo es que llegue a los lectores retazos de la opinión oficial desde las estructuras de Comisiones Obreras, en este caso desde su Comisión Ejecutiva, a través de su órgano de difusión “Gaceta Sindical” y otra oficiosa pero más general expresada en la revista de debate de dicho órgano en Diciembre de 2018, por el Profesor de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas, Mateo Alaluf y el Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Prieto. Desgraciadamente los debates y directrices de la acción de nuestras centrales sindicales democráticas, son materia poco publicitadas en los medios de difusión y bastantes desconocidas para muchas personas que mantienen un ideario de izquierdas.
Y este desconocimiento de lo sindical, de lo que afecta a la clase trabajadora, tiene en el actual Vicepresidente del Gobierno y líder político de Unidas Podemos uno de sus más destacados protagonistas, desde que empezó a actuar en política hace ya unos cuantos años.
En su forma de hacer pública la Ley de Renta Mínima Vital, no tuvo siquiera la cortesía de anunciar que esa era una ley propuesta por UGT y Comisiones Obreras, a través de la Iniciativa Legislativa Popular que ambos sindicatos llevaron al Congreso de los Diputados hace cuatro años y que estaba avalada por 710.000 firmas de la ciudadanía de nuestros país y que ha sido retrasada y bloqueada durante todo este tiempo.
El señor Iglesias trataba de expresar de manera subjetiva que él y su partido eran el “alma” de esta decisión gubernamental. Días antes este mismo partido, junto al PSOE, había realizado otra operación de propaganda y de falta de respeto al sindicalismo de clase, al acordar, sin tener en cuenta a las Centrales Sindicales, la derogación por decreto de la Reforma Laboral vigente, que en su día fue aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento.
Remedando una frase de la época de la Ilustración: “Todo para la clase trabajadora pero sin que ella participe en la elaboración de ese todo”. En este caso incumpliendo la legalidad constitucional, que mandata que en lo que afecte a los intereses de trabajadores y empresarios, las opiniones de estos protagonistas de las relaciones económicas y sociales, deben ser tenidas en cuenta.
Demos entrada a la opinión de Comisiones Obreras, expresada al siguiente día de la aprobación de la Ley:
El Ingreso Mínimo Vital es una renta que refuerza el Estado del Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso de inserción social.
Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, Comisiones Obreras exige un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.
Además, esta prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando en esta pandemia.
Por todo lo anterior y por otras expresiones que se expresan a continuación, el Sindicato señala que….La Renta Mínima aprobada por el Gobierno no es la ley que hubiera esperado, pero considera que su aprobación era necesaria para que los más afectados por esta crisis tuvieran recursos para sobrevivir.
Por ello Comisiones Obreras aboga, a la espera de conocer el texto publicado en el BOE., para su tramitación parlamentaria en la que su contenido y diseño deben mejorarse, para permitir un mejor acceso a la prestación de la población vulnerable, incluidas las personas jóvenes emancipadas hace menos tiempo y a otros colectivos vulnerables; garantizar sin menoscabo alguno, el papel de los interlocutores sociales en los ámbitos de participación de la Seguridad Social; así como garantizar la mejor adaptación constitucional de la nueva prestación.
EL SINDICATO TRABAJARÁ PARA QUE LA COMPATIBILIDAD DE LA NUEVA PRESTACIÓN CON LOS SALARIOS PROCEDENTES DEL TRABAJO NO PRODUZCA UN INCREMENTO DEL FRAUDE LABORAL Y SALARIOS AÚN MÁS BAJOS, TAL Y COMO YA HA OCURRIDO EN OTROS PAÍSES, QUE HAN IMPLEMENTADO DICHA COMPATIBILIDAD.
En mi opinión este último párrafo viene a resaltar que el Estado no se puede convertir en la mayor ONG de Caridad para siempre jamás, tal como se ha dejado caer por parte del Vicepresidente del Gobierno en la presentación de esta ley; ley cuya cuantía deberá ser soportada a través de los impuestos que proporcionalmente a sus ingresos deben realizar los ciudadanos que reciben cualquier clase de renta. Un tipo de Renta Mínima de estas características, abocaría a la debilidad de la fuerza de las Centrales Sindicales en materia de afiliación, no sólo debido a la enorme cantidad de parados que nos ha traído la pandemia, sino que además los beneficiarios de esta renta, perderían de vista la necesidad de afiliarse y de valorar la importancia del sindicalismo para mantener el Estado del Bienestar. Esta debilidad afiliativa alegraría a sectores del empresariado, que no quieren ver a los sindicatos de clase ni en pintura.
Por último se señala que…. La Iniciativa Legislativa Popular promovida por Comisiones Obreras y UGT dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya lo apoyaron en su día y hoy cuentan con mayoría absoluta de la Cámara, debe hacerlo realidad.
Al margen de estas referencias de rabiosa actualidad, me gustaría aportar tal como anunciaba al principio del artículo, las opiniones de Alaluf y Prieto, dos expertos en cuestiones laborales, que me merecen un gran respeto, por la sensatez y sensibilidad que expresan al referirse al papel de los trabajadores asalariados en nuestras modernas sociedades:
Cualquiera que sea la propuesta concreta de implantación de la renta básica, todas ellas tienen un punto crucial en común: la desconexión entre renta y trabajo. El trabajo dejaría de ocupar el lugar central de articulación social que había llegado a alcanzar en la sociedad salarial y que institucionalmente toma la forma de Seguridad Social; y con él la figura del trabajador (asalariado). Que el trabajo y la figura del trabajador ocupen o dejen de ocupar ese lugar no es una cuestión menor en términos sociales y políticos. Sobre todo, si se piensa que si el trabajo y la figura del trabajador han llegado a ocupar esa posición de privilegio no es el resultado de la simple aplicación de una buena idea, más o menos tecnocrática, para construir un ordenamiento social cohesionado. Es mucho más. Es el resultado de un largo proceso histórico iniciado ya en el siglo XIX, en el que ha participado como actor principal la clase obrera organizada.
La centralidad formal del trabajo inicia su recorrido con la revolución liberal del siglo XVIII como parte de un entramado social y político con el que se pretendía construir un ordenamiento capaz de superar la larga crisis del Antiguo Régimen y hacer posible una nueva cohesión social. La puesta en marcha de este entramado rupturista no logró inmediatamente el objetivo de cohesión social buscado por las clases dominantes del momento. Es más, dio origen al mayor conflicto político y social que ha atravesado la modernidad: el conflicto planteado por la cuestión social obrera. Fueron los propios trabajadores quienes, asumiendo como algo propio la centralidad del trabajo, se rebelaron contra las malas condiciones en las que se veían condenados a ejecutarlo, se organizaron como clase y reivindicaron insistentemente unas condiciones de trabajo y de vida dignas (y hasta amenazaron con la revolución). Su fuerza fue tal que lograron que se implantara un nuevo ordenamiento social en el que se reconocía la centralidad práctica del trabajo y de la figura del trabajador: la sociedad liberal de individuos se convirtió en una sociedad salarial.
Los daños causados por las contrarreformas neoliberales se convierten en argumentos para desacreditar la protección social y perpetuar y asentar la revolución conservadora. Los parados que se ven privados de subsidios o se encuentran con una disminución de su cuantía; los asalariados precarios cuyas condiciones se degradan o los pensionistas obligados a trabajar más tiempo para obtener una pensión menor, pueden verse atraídos por una renta incondicional que supuestamente resolvería todos sus problemas.
¿El que los derechos sean recortados justifica, por ello su abandono? El Estado Social se basa en cuatro pilares: la protección social; el derecho del trabajo y la negociación colectiva; los servicios públicos y la política económica. Aunque el Estado Social ha quedado en entredicho por las “reformas” neoliberales, está lejos de haber desaparecido, sin embargo. Éste realiza siempre una redistribución masiva, en particular mediante el gasto público, lo que explica por cierto el vigor de los ataques de los que es objeto ahora más que nunca.
Por último resumen sus planteamientos en el siguiente párrafo:
Desde la perspectiva de la renta universal, institucionalizar la posibilidad de que la gente pueda vivir sin trabajar conduce a una sociedad de trabajo sin empleo o al menos con empleos convertidos en inconsistentes, pues son muy fragilizados. La utopía derivaría entonces hacia la pesadilla de una sociedad de trabajo sin protección y a merced de las grandes plataformas capitalistas globalizadas. Por el contrario, la experiencia social del trabajo es portadora de reivindicaciones sobre el poder de decisión y la creatividad de los asalariados, sobre el control de las reestructuraciones que hipotecan el futuro y sobre la disminución del poder de los accionistas con nuevos derechos. El principal reto será entonces el del control democrático de la condición salarial por medio de la reducción del tiempo de trabajo, con el fin, no de liberarnos del trabajo sino de liberarnos por medio del trabajo.
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